Archive for the 'Sur America – Noticias' Category

Alta incidencia de marihuana y cocaína en la región

agosto 5, 2008

Jueves 31 de Julio de 2008

Neuquén y Río Negro, sobre la media nacional. Encuesta abarca hombres y mujeres de 16 a 65 años.

 

BUENOS AIRES (ABA).- Los índices de consumo de sustancias psicoactivas en la región son alarmantes. El 2,6% de los habitantes de Neuquén y el 2,2% de Río Negro probó alguna vez cocaína, con lo cual las provincias quedan en el tercero y quinto lugar, respectivamente, a nivel país.

Los números también son altos en cuanto al consumo de marihuana: el 9% de los habitantes de Neuquén la probó, quedando en el tercer lugar, detrás de la Ciudad de Buenos -encabeza la mayoría de las estadísticas- y Tierra del Fuego.

El sondeo muestra que la región está por encima del promedio de los argentinos en marihuana (7,2%), cocaína (2%) y tabaco (52,5% del país).

Los fumadores en Neuquén llegan al 56,4% y los de Río Negro al 53%. A su vez, el sondeo indica que 76,1% de los neuquinos y el 73,1% de los rionegrinos tomó alcohol.

Los datos se desprenden de la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008, realizado entre el 26 de abril y el 6 de junio últimos en localidades de 5.000 y más habitantes de entre 16 y 65 años de todo el país.

El objetivo del gobierno es saber cuánto y qué tipo de estupefacientes consumen los argentinos, con una firme intención de fondo: elaborar, antes de fin de año, una ley para despenalizar el consumo.

Actualmente el Código Penal penaliza la tenencia de drogas para consumo personal. El problema es que la mayoría de las causas de drogas recaen en usuarios, cuyos expedientes terminan en la nada o derivan en un tratamiento. El proyecto del gobierno apunta a brindarles tratamiento de rehabilitación a los adictos, concientizar y prevenir a los potenciales consumidores, y que sea el sistema penal el que se enfoque en los traficantes y lavadores de dinero. “No hay que condenar al adicto ni tratarlo como un criminal sino perseguir al que vende la sustancia”, señaló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación de la encuesta que se realizó anteanoche.

El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, se esforzó por remarcar que la encuesta, realizada a 51.000 personas, mostró cifras menores y de escasa relevancia. “La Argentina no es un paraíso del consumo de drogas -afirmó Fernández-. Muchos de los lenguaraces que opinan debería callarse la boca”.

Resulta que desde otros sectores, incluso oficiales como la Secretaría de Lucha contra las Drogas y el Narcotráfico (Sedronar), a cargo de José Granero, los números son diferentes.

Este organismo informó que en el 2006 el 15,8% de los encuestados había consumido marihuana y el 7,9% cocaína. Mientras que según el reciente sondeo guiado por el Ministerio de Justicia, el 7,2% de los consultados consumió marihuana y el 2% que probó cocaína.

Los especialistas de ambos organismos dicen que estas diferencias se deben a “diferentes metodologías”. Por lo bajo, unos aseguran que la Sedronar infla los números para que el problema parezca más grave de lo que realmente es para así justificar su existencia y su presupuesto.

La réplica es que el gobierno minimiza los números para justificar su política de despenalización, haciendo hincapié en que se trata de un problema de salud.

fonte: rionegro on-line

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El mayor decomiso de la historia-Argentina

junio 22, 2008
El camión se detuvo a sólo mil metros de un puesto de control de la Gendarmería, en Misiones. El conductor abandonó el vehículo bajo una lluvia torrencial y dejó más de 6 mil kilos de marihuana en el acoplado. Según informó el comandante Enrique Zach, el jueves pasado a las 7 una patrulla advirtió la presencia de este camión, varado en la ruta provincial 4 entre las localidades misioneras de Santa Ana y Leandro N. Alem, y avisó a sus superiores del Escuadrón 8 “Alto Uruguay”.

“Se trató del mayor decomiso de marihuana de una sola vez que se registra en la historia del país”, estimó ayer el comandante principal Marcelo Torrisi. “Lo secuestrado fue valuado en cerca de los 20 millones de pesos”, afirmó el jefe de Prensa de Gendarmería al referirse a los panes de marihuana prensada que provenían de Paraguay y que intentaba ser ingresada a la ciudad de Buenos Aires, tal vez creyendo que por tratarse del Día del Trabajador había controles más flexibles.

La Gendarmería montó un operativo y dispuso varios móviles para la ocasión. Al llegar al lugar los gendarmes advirtieron que el camión estaba en marcha, aunque no había rastro de su ocupante, y procedieron a revisar su carga. Según el informe oficial, en el acoplado del viejo vehículo (un Mercedes-Benz 1114) se encontraron 230 bolsas de arpillera cargadas cada una con entre 20 y 25 kilos de marihuana.

La hipótesis de los investigadores es que el ocupante del camión se amilanó ante la presencia del puesto de control de la Gendarmería y optó por escapar a la carrera, internándose en un espeso bosque de la zona. La causa quedó en manos del juez federal de Posadas, Claudio Ramón Chávez.

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Vía libre a la planta del balcón

junio 19, 2008

La Justicia consideró que penalizar el cultivo de la planta de marihuana para consumo personal contraría el respeto a las acciones privadas que garantiza la Constitución. La Cámara Federal sobreseyó a un hombre que tenía seis plantas.La Sala 1 de la Cámara Federal porteña calificó de “inconstitucional” la ley que castiga el cultivo de cannabis sativa para consumo personal y sobreseyó a un hombre que tenía seis plantas en su balcón. Según informaron ayer fuentes judiciales, los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiler coincidieron con el defensor oficial en destacar que la cosecha de esas plantas no estaba destinada a la venta y se realizaba en el ámbito privado de esa persona. El argumento central del fallo fue el respeto de la acciones privadas que no afectan a terceros y sobre las que la Justicia no tiene jurisdicción, tal como establece el artículo 19 de la Constitución nacional.

El juez federal Sergio Torres había procesado al imputado porque consideró que su actividad violaba al artículo 5 de la ley 23.737, ya que se comprobó que “cultivaba plantas de marihuana para luego producir estupefacientes y destinarlos al consumo personal”. Luego, el magistrado dispuso que el acusado fuera sometido a un tratamiento de rehabilitación para su adicción, también conocido como probation.

El artículo citado por Torres también contempla penas de entre un mes y dos años de prisión a quien “siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes (…) cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes como consumo personal”. El hombre tenía seis plantas de cannabis sativa sembradas en una gran maceta en el balcón de su departamento, ubicado en la calle Venezuela al 4000, en el barrio de Boedo.

Sin embargo, el acusado apeló la sentencia a través de su defensor oficial, quien consideró que el procesamiento dictado por el juez “traspone el ámbito de privacidad ajeno a la autoridad de los magistrados”. Es que, a su criterio, la conducta de su defendido “no pone en riesgo siquiera de un modo potencial la salud pública y por ello no se inmiscuye en el ámbito público, es decir el relativo a las reglas de moral intersubjetiva”.

Al revisar el caso, los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiler le dieron la razón al defensor oficial. Según fuentes judiciales, los jueces sostuvieron que “la norma analizada presenta problemas equivalentes a aquellos que hemos detectado respecto de la figura que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal cuya inconstitucionalidad hemos declarado en diversas oportunidades”.

Esta sala declaró inconstitucional penar la tenencia de drogas para consumo personal en un fallo del 22 de abril. En ese escrito afirmó que la ley actual genera “una avalancha de expedientes destinados a consumidores sin lograr ascender en los eslabones de la cadena del tráfico”. El caso había empezado cuando dos jóvenes iban a una fiesta electrónica y fueron requisados (la policía les encontró seis porros y una pastilla de éxtasis). Sin embargo Farah, a diferencia de su colega Freiler, no siempre votó de esta manera.

En mayo de 2007, cuando todavía Gabriel Cavallo era parte de la Sala I, Farah y el entonces juez ratificaron el procesamiento de un joven a quien la policía detuvo en las inmediaciones de la estación de Liniers por poseer un porro (de 0,65 gramo). En una resolución de tres carillas, lo acusaron de transgredir el artículo 14 de la ley 23.737 que pena la tenencia para consumo personal. Freiler falló en disidencia y citó como antecedente su voto en favor de sobreseer al músico Pipo Cipolatti.

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Argentina

junio 19, 2008

Un fallo declaró inconstitucional el castigo a la siembra de marihuana para consumo personal

La Cámara Federal porteña decretó la inconstitucionalidad de la ley que castiga la siembra de marihuana para consumo personal y sobreseyó a un hombre que tenía plantas de cannabis en una maceta de su balcón, informaron hoy fuentes judiciales.

La resolución fue adoptada por la Sala I del Tribunal, que de esta manera ratificó su criterio esbozado en diversos casos donde había avalado que no es delito la tenencia de droga para consumo personal.

El caso analizado corresponde a un hombre a quien le detectaron seis plantas de “cannabis sativa” sembradas en una maceta en el balcón de su departamento ubicado en la calle Venezuela en el barrio porteño de Boedo. El juez federal Sergio Torres procesó al sujeto por violación al artículo 5 de la ley 23.737 al considerar que estaba probado que el imputado “cultivaba plantas de marihuana para luego producir estupefacientes y destinarlos al consumo personal”. Torres luego dispuso que el imputado sea sometido a un tratamiento de rehabilitación para su adicción. Esa norma citada por el juez castiga con penas de entre un mes y dos años de prisión a quien “siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes (…) cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes como consumo personal”. El defensor oficial del acusado consideró que el procesamiento dictado por el juez “traspone el ámbito de privacidad ajeno a la autoridad de los magistrados”. Es que a su criterio la conducta de su asistido “no pone en riesgo siquiera de un modo potencial la salud público y por ello no se inmiscuye en el ámbito público, es decir el relativo a las reglas de moral intersubjetiva”. Al analizar el caso, los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiler coincidieron con la postura del defensor oficial al ser análoga a la adoptada en los casos de tenencia de droga para consumo personal. “La norma analizada presenta problemas equivalentes a aquellos que hemos detectado respecto de la figura que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal cuya inconstitucionalidad hemos declarado en diversas oportunidades”, subrayaron los jueces, dijeron las fuentes. Por ese motivo decidieron decretar la inconstitucionalidad “del articulo 5 inc. A de la ley 23.737” y disponer el sobreseimiento del acusado.

CASACION BONAERENSE DECLARO INCONSTITUCIONAL PENAR LA TENENCIA DE DROGA

junio 5, 2008

Para no castigar a la víctima

La sala III de la Cámara de Casación provincial determinó que no se debe castigar la tenencia de droga para uso personal sin ostentación pública. El fallo se suma a otro similar de la sala I de la misma cámara, que tuvo lugar la semana pasada.

Otra sala de la Cámara de Casación bonaerense determinó, según se supo ayer, que es inconstitucional penar la tenencia de drogas para uso personal cuando ésta se ejerza “en la intimidad y sin trascendencia a terceros”. Se trata de un fallo de la sala III que sobreseyó a una persona detenida por tener marihuana entre sus pertenencias. Hace una semana se conoció una decisión similar por parte de la sala I, cuyos jueces consideraron que el Estado, al criminalizar al usuario de drogas, adopta “un criterio paternalista y autoritario que resulta ajeno al principio de autonomía de la persona”.

En la sentencia de la sala III, el juez Víctor Violini recordó que “la mayoría automática” de la Corte Suprema menemista ya no integra el máximo tribunal nacional, por lo que no corresponde seguir la jurisprudencia que ésta había establecido, a través del fallo Montalvo, y que abogaba por penalizar la tenencia para consumo personal.

El imputado había sido detenido luego de que se comprobara que tenía marihuana en un paquete de cigarrillos ubicado en la puerta delantera izquierda de su auto y en un bolsa de nylon en el baúl. En función del lugar donde se hallaba la sustancia, el tribunal determinó que el acusado “no hacía gala ni ostentación de la misma, ni incitaba a terceros a consumir, forzoso era concluir que la acción resultaba estrictamente privada en los términos del artículo 19 de la Constitución, motivo por el cual se procedió a la declaración de inconstitucionalidad de la norma”.

Al respecto, el juez Violini –respaldado por su colega de Cámara, Ricardo Borinsky– rescató el voto del actual integrante de la Corte Suprema Enrique Petracchi en el fallo Bazterrica, quien expresó que “las acciones privadas de los hombres no se transforman en públicas por el hecho de que el Estado decida prohibirlas” y que “no es función del Estado establecer el contenido de los modelos de excelencia ética de los individuos que lo componen”. De esta forma, los magistrados reafirmaron, el 28 de abril, la decisión del juez de Garantías que había dictado el sobreseimiento del imputado, medida apelada por la fiscalía ante la sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón.

Hace una semana, se conoció una sentencia de los jueces de la sala I de la Casación bonaerense, que declaró inconstitucional al artículo 14 de la Ley 23.737, que reprime el delito de tenencia para “consumo personal” con penas de un mes a dos años de prisión. Los magistrados Benjamín Sal Llargués, Carlos Natiello y Horacio Piombo mencionaron una de las tantas paradojas de la ley que “etiqueta de delincuente (al consumidor) y lo castiga no obstante considerarlo víctima de un ‘vicio’ o de ‘una conducta desviada’”. El acusado había sido detenido por tener entre sus ropas 0,4 gramo de marihuana. Los jueces también destacaron que “al penalizar al simple tenedor para consumo personal, el Estado adiciona a su problema de drogadicción la criminalización, insertándolo en el sistema penal”.

Libres, tras 115 días en prisión-Por Emilio Ruchansky

junio 3, 2008

 


Luego de pasar 115 días en prisión, el jueves pasado, por la noche, Fernando Oscar Rodríguez y su hijo Fernando Emanuel recuperaron la libertad. Ambos estaban acusados de tenencia de drogas para tráfico, luego de que la policía de Salta capital les allanara su domicilio y encontrara seis plantas de cannabis y 29 gramos de marihuana prensada. El caso fue relatado por Página/12 el 25 de marzo último. Ahora, el cambio de carátula de la causa –quedaron imputados por tenencia para uso personal y tenencia simple– fue determinante para conseguir la excarcelación, aunque ambos continúan procesados.

“Es la tumba, es como estar muerto en vida”, reflexionó Emanuel, que no bien dejó la celda se fue al almacén en busca de alfajores, caramelos, gaseosas y cigarrillos. Adentro, Emanuel y su padre conocieron a “los piperos” y el drama que rodea a estos adictos al paco. “Para ellos la cárcel funciona como un centro de rehabilitación, tienen un lugar para dormir y comida, la mayoría no se quería ir, es una locura”, comentó a Página/12 este joven diseñador y chef. En la alcaidía, conoció a homicidas, sicarios, mulas y narcos que esperaban ser juzgados y a quienes les resultaba provechoso que su padre esté en la misma celda. “Sabían que si me apretaban a mí, saltaba él y viceversa, fue un infierno”, contó Emanuel.

Durante los casi cuatro meses que estuvieron presos, padre e hijo sufrieron las incongruencias del sistema penal. La alcaidía debería ser un lugar de paso, de hecho quienes pasan por allí son procesados y no condenados, pero los Rodríguez se quedaron estancados. “Veíamos entrar y salir a los piperos y otra gente, pero a nosotros no nos soltaban”, recordó el joven, quien aseguró: “Teníamos que hacer pis en una botella y defecar en bolsas porque los guardias no nos dejaban ir al baño. Cuando venían los de derechos humanos nos hacían tirar todo para que no se dieran cuenta de las condiciones en las que nos tenían”.

Ahora, Emanuel y su padre tendrán que firmar cada quince días en el juzgado y demostrar su inocencia, aunque en teoría esta responsabilidad le concierne a la Justicia.

 

DECLARAN INCONSTITUCIONAL LA TENENCIA DE DROGAS PARA CONSUMO PERSONAL

mayo 27, 2008

“Estigmatiza al consumidor”

El fallo de la Sala 1 de la Cámara de Casación bonaerense sobresee a un joven detenido por tener solo 0,4 gramo de marihuana. Argumentaron que tener drogas para el propio consumo “es una acción protegida por el derecho a la privacidad”.


En un fallo que reivindica el derecho a la privacidad y el ejercicio de la libertad, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal bonaerense consideró inconstitucional penar la tenencia de drogas para consumo personal y sobreseyó a un joven que había sido detenido por portar una “tuca”, apenas 0,4 gramo de marihuana. “Criminalizar el daño que alguien, eventualmente, se produzca a sí mismo significa la asunción estatal de un criterio paternalista autoritario que, por regla, resulta ajeno al principio de autonomía de la persona”, sentenciaron los jueces Benjamín Sal Llargués, Carlos Natiello y Horacio Piombo. El fallo contradice el criterio de una sentencia anterior, de la Sala 2 de la Cámara, que había considerado legítima la persecución de la tenencia para consumo personal.

Esta decisión, tomada el 24 de abril pero conocida ayer, fue en rechazo al recurso presentado por el fiscal general de San Isidro, Duilio Cámpora, quien apeló el sobreseimiento que la Cámara de Garantías había dictado a favor del joven. El fallo menciona el artículo 19 de la Constitución nacional que protege las elecciones individuales que no afecten a terceros y afirma que “punir esa clase de acciones está en pugna con los derechos y garantías fundamentales”. En este sentido, los jueces explicaron que al Estado le está vedado inmiscuirse en la moral privada de los habitantes de la Nación y, “menos aún, imponer pautas morales determinadas que cosifiquen al individuo”.

Sin embargo, uno de los argumentos del fiscal del caso, y de quienes sostienen la prohibición, es que la criminalización es necesaria para prevenir y disuadir y que el consumo fomenta daños a la persona, sus familiares y a la sociedad en su conjunto. Las apreciaciones del fiscal provenían del Diario de Sesiones del Congreso, cuando se discutió, en 1989, la ley 23.737, sobre drogas, que sanciona la tenencia para consumo personal con penas de un mes a dos años de prisión. También había citas al fallo Montalvo, de la Corte Suprema menemista (o la “mayoría automática”, como se la apodó en su momento), que sentó jurisprudencia –represiva– sobre el tema.

“Todos estos argumentos, en su estirpe perfeccionista y autoritaria, chocan con similares obstáculos constitucionales que ya han sido señalados. La ley, de este modo, convierte y estigmatiza al consumidor con la etiqueta de delincuente y lo castiga no obstante considerarlo víctima de un ‘vicio’ o de ‘una conducta desviada’”, fue la respuesta del tribunal. Además, los magistrados consideraron que esta postura “desemboca en prácticas de prevención de tinte despótico, contrarias a la libertad personal y a la dignidad”.

El 18 de febrero pasado, la Sala 2 de la misma Cámara falló de manera inversa. Los jueces Carlos Alberto Mahíques y Jorge Hugo Celesia dictaminaron que era constitucional la figura legal que pena la tenencia para consumo personal, en un caso en el que un joven que fue requisado por la policía y llevaba un porro en su bolsillo. Había “condiciones de mínima publicidad” suficientes para “afectar la salud pública”, sentenciaron los jueces.

Este fue el primer fallo de la Cámara de Casación bonaerense luego del traspaso de las causas por tenencia para consumo personal desde la Justicia federal a los tribunales de la provincia de Buenos Aires. La desfederalización de los delitos relacionados con el narcotráfico, en 2006, motivó el endurecimiento en los casos de tenencia para consumo, ya que en los tribunales federales había consenso para no reprimir a los consumidores. De hecho, las dos salas de la Cámara Federal porteña tienen esta última postura y han fallado en consecuencia.

“La libertad de cada persona, con capacidad y voluntad, comprende la de fijar metas, planear objetivos, intentar satisfacer sus gustos personales y, al fin, ser único juez sobre sus propios asuntos en torno al proyecto de vida que ha elegido de acuerdo a sus costumbres, sentimientos, hábitos, religión, etc.”, afirmaron los jueces de la Sala 1, en el fallo divulgado ayer. La tenencia para consumo personal, agregaron, “es una acción protegida por el derecho a la privacidad que es el basamento de las libertades civiles. Lejos de ser una conducta prohibida, es una conducta que consagra el ejercicio de la libertad”.

Polémica en Chaco (Argentina) por la presentación de una revista

mayo 19, 2008

Directivos de una revista temática sobre la marihuana debieron suspender una charla en la Feria del Libro por las amenazas recibidas. Hubo presiones de algunos legisladores y la Iglesia.

La revista pone en debate la despenalización de la marihuana.
Por Emilio Ruchansky

“Hay una confusión generalizada”, diagnosticó el subsecretario de Cultura de Chaco, Francisco Romero, molesto porque ayer dos diputados de la provincia, entre ellos la titular de la Comisión de Derechos Humanos, pusieron en boca suya la supuesta prohibición de la charla de la revista THC en la feria del libro local. Por eso, el funcionario convocó a una audiencia pública con todas las revistas que participan del encuentro y reprogramó la presentación de THC (una publicación temática sobre la marihuana) para hoy a la tarde. “Lejos estoy de cualquier tipo de censura”, dijo Romero, pese a que los medios chaqueños insisten en que no se hará la charla por presiones de los legisladores y la Iglesia.

“No crea que sea censura advertir una posible apología del delito”, contraatacó ayer el vicario de la Catedral, Jorge Lestani, quien evaluó que los integrantes de la publicación “deberían ir en cana”. Sus dichos fueron pronunciados ayer en una conferencia de prensa en la sala de labor parlamentaria de la Legislatura chaqueña. El vicario estuvo acompañado del titular del bloque justicialista, diputado Ricardo Sánchez, quien afirmó que la THC “trata de meterse en los ambientes culturales” para fomentar el consumo de marihuana y pidió “depuración” y “control de contenidos” de las publicaciones para la próxima feria. “Esto va en retroceso de nuestros valores”, continuó Sánchez, quien se refirió al debate de la despenalización del cannabis junto al del matrimonio gay y el aborto como temas polémicos que merecen soluciones. A modo de ejemplo dijo: “En vez de hablar tanto de legalizar el aborto, deberíamos mejorar el sistema de adopción”.

De esta conferencia también participó la diputada Marita Barrios de la Alianza, titular de la Comisión de Derechos Humanos, cuya “intuición de madre” le indicó que los narcotraficantes ahora “vienen disfrazados…, por eso tratamos de hacer lo que podemos para combatirlos”. Aunque admitió que el tema de la despenalización no fue tratado en la comisión que preside, Barrios aseguró: “Este lugar que ocupo hoy es para trabajar por los jóvenes, cosa que he hecho en las recorridas a los boliches con el juez de faltas”. Antes de terminar la charla, la diputada invitó al diálogo a los demás sectores, aunque sólo mencionó a “los pastores evangélicos y los padres y madres de la comunidad”.

Por otra parte, el organizador de la feria alertó nuevamente sobre las amenazas anónimas y vinculó la reciente aparición de cruces esvásticas en Resistencia con la presentación de la revista THC. “Son sectores minoritarios e intolerantes”, detalló Rubén Bisceglia, para quien la decisión del subsecretario de realizar hoy a las 9 una audiencia pública es “totalmente acertada”. El organizador comentó que la feria fue inaugurada con la presencia de altas figuras de la escena cultural y política del Chaco. “Es un éxito que no se va a empañar por lo que pasó”, concluyó.

“Yo quiero saber más sobre la problemática que trabaja esta revista”, exigió ayer Francisco Romero. Quienes van a informarlo pasaron todo el día de ayer encerrados en el hotel. Sebastián Basalo y Alejandro Sierra, director y gerente de THC, respectivamente, recibieron muestras de apoyo y solidaridad de los representantes de las otras revistas en el lobby. Sólo salieron para ir hasta la feria y anunciar que la charla se pospuso para hoy, como dijo Romero, por la “confusión generalizada”.

Pagina12-Buenos Aires

HISTORIAS DE CONSUMIDORES DESCUBIERTOS CON PEQUEÑAS DOSIS QUE TERMINARON CON LA VIDA ARRUINADA

mayo 16, 2008

Gramos que pesan toneladas

El fiscal que llevaba una pequeña cantidad de marihuana para sus vacaciones. La pareja que cultivaba cannabis en su casa. El concejal al que, sin ser consumidor, le plantaron droga en el auto. Todos perdieron trabajos, amigos y hasta familiares. La difícil vida después de una causa por tenencia.

Textos de Emilio Ruchansky

EL FISCAL QUE TUVO UN JURY
“Un sistema hipócrita”

“Soy el primer funcionario judicial detenido por tenencia para consumo personal”, aclara de movida Facundo Trova. El 16 de enero de 2006, después de unas vacaciones en Brasil y siendo fiscal adjunto de la ciudad de Neuquén, se disponía a estirar el feriado judicial yéndose unos días a Mar del Plata. Tenía una piedra de 16 gramos de marihuana en el bolsillo y no bien terminó de pasar por el detector de metales de aeroparque, un oficial de aduana le pidió que vaciara sus bolsillos. “Se me vino el mundo abajo”, rememora. El personal de seguridad lo llevó a un cuarto para revisarlo mejor. “Tenía dos mil pesos y una cámara, y se los metieron en sus bolsillos. Les dije que era abogado y fiscal y me devolvieron todo.” Media hora después, su abuela se enteró por la televisión. Pasó tres días preso en una pequeña celda del aeropuerto y lo llevaron esposado a declarar a los tribubales de Comodoro Py. Cuando el juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid lo indagó comenzó a sermonearlo. Ambos habían estudiado derecho en la Universidad Católica Argentina y el magistrado lo criticó por “olvidar los principios morales que había aprendido” (dos meses después, Aráoz de Lamadrid dio un examen para convertirse en titular del juzgado y se sacó 1 como puntaje). “Me querían mandar un mes a Devoto, me decían que mi situación era más complicada por ser funcionario. Yo no quería declarar de lo enfurecido que estaba pero el defensor oficial me aconsejó que dijera lo que querían escuchar porque no me iba más”, cuenta indignado Trova, que había hecho una carrera judicial impecable y era en ese entonces, con sus 32 años, uno de los fiscales más jóvenes. Cuando volvió a Neuquén ya era “un cadáver”, como se dice en la jerga judicial. Todos pedían su cabeza. Desde los partidos de izquierda hasta los jueces más conservadores de la provincia. Llegó el 20 de enero y recién empezaba a trabajar el primero de febrero. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén no lo cesanteó pero inició un sumario, ya que “su accionar puede constituir una falta disciplinaria”. El primer día de trabajo, Trova pidió un mes de licencia. Intuía que algo grande iba a pasar y no estaba equivocado. “Los empleados me apoyaban, pero muchos de mis colegas se abrieron y me quedé solo”, recuerda. Aunque fue sobreseído por la Justicia federal, en su provincia le hicieron un jury de enjuicimiento “por mala conducta”, con el único fin de destituirlo. “Fue una hipocresía tremenda. Casi todos los que me juzgaban terminaron cesanteados por corruptos, es más, a uno de ellos (el legislador Oscar Gutiérrez) yo lo estaba investigando por enriquecimiento ilícito y después que me suspendieron se cayó la causa contra él”, cuenta el ex fiscal, que espero el día del juicio “para decirles en la cara todo lo que pienso de ellos”. Y así fue. Sentado frente al jurado le espetó: “A pesar de lo que diga la prensa, no tengo nada que ver con ustedes. Gracias a Dios nos separa un abismo. Ustedes representan todo lo que no soy ni quiero ser. Voy a retirarme de este proceso, sigan ustedes con esta parodia de juicio”. La sentencia “ya estaba escrita, era una payasada” asegura, así que se levantó y despidió a su abogado en medio de la audiencia. El tribunal decidió quitarle su cargo por “inmoral, antiético, traidor a la patria y a los padres”; él, que viene de una familia de abogados, se dedicó a defender casos como el suyo. “Y no me va nada mal –comenta– tengo unas cuantas causas de tenencia, las hago y me gustan. Disfruto defender a la gente, antes estaba del otro lado, pero siempre fui muy garantista.” Sus amigos y familiares siempre lo ayudaron, pero nadie le quita el sabor amargo. “Me di cuenta de que el sistema judicial es hipócrita y selectivo, que está absolutamente podrido. El mejor ejemplo son nuestras cárceles que están llenas de pobres.” Este ex fiscal no quiere darles el gusto a sus colegas y apeló la sentencia. Su caso no fue admitido por Casación y presentó el recurso de queja al tribunal de su provincia. “Seguramente me lo van a rechazar de acá a la China, así que planeo llegar a la Corte Suprema”, dice convencido de que ahí le van dar la razón. Su argumento es sencillo: “Lo mío fue un acto privado y no interfería con mi desempeño, el sistema judicial me discriminó, me destituyeron por ser diferente”. Aunque perdió su trabajo, Facundo Trova asegura que la “sacó barata”. Todavía cree que si no hubiera dicho que era fiscal a los guardias de Aeroparque, tal vez su caso no hubiera trascendido en la prensa. Hoy, todavía mucha gente le da vuelta la cara cuando entra a algún tribunal por cuestiones de trabajo, pero ya no le importa. “Fue durísimo empezar de nuevo, pero aprendí mucho. El Estado no te educa, no te da salud ni trabajo pero aparece para castigarte y encerrarte”, reflexiona el ahora defensor, que desde que cayó en las redes de la corporación judicial a la que pertenecía, jura, “le cambió la película”.

EL CONCEJAL CON DROGA PLANTADA
“Me siento observado”

A Pedro Barrientos no le iba mal. Era concejal en la ciudad bonaerense de Benito Juárez y jefe de guardia del hospital de Necochea. Venía de una familia humilde de Cacique Barker, un pueblo de 3 mil habitantes, fruto de una inmensa fábrica de cal. Estudió medicina en La Plata y comenzó a militar en pleno gobierno de Eduardo Duhalde. Llegó a su cargo en 1999 de la mano de la Alianza y estaba por terminar su mandato cuando cayó en desgracia, tras un operativo antidrogas.

“Nunca consumí”, aclara ahora este hombre de 37 años. El 18 de julio de 2003, mientras viajaba desde Necochea a Mar del Plata con tres amigos para “comprar pilchas y pasar por una charla al Colegio de Médicos” la policía detuvo su auto. Bajaron armados con itakas y, según Pedro, no le pidieron ni la patente ni la cédula verde ni el carnet de conducir: “Nos hicieron bajar y comenzaron a entrar y salir del auto, una y otra vez”. Al rato, apareció una brigada de investigación y en el asiento de acompañantes de su Peugeot 106 azul, con patente oficial del Concejo Deliberante de Benito Juárez, aparecieron once sobres de cocaína. “Eso no es mío”, dijo. “Callate la boca”, le contestaron.

Cuando entraba a la comisaría 5ª de Punta Mogotes pudo ver la placa roja del canal Crónica: “Concejal detenido por trasportar cocaína en su auto”. Los oficiales se reían y lo señalaban. Al otro día, los diarios hicieron circular la versión policial: decían que había sido “un operativo”, que Barrientos había huido ocho cuadras antes de que lo atraparan y hasta el comisario a cargo, Carlos Cernada, afirmó: “Uno de los integrantes se bajó a los gritos insultando a los policías y diciendo que tenía inmunidad porque era el concejal Pedro Barrientos y era candidato a intendente”.

A los quince días lo echaron del hospital aduciendo que no podía trabajar como médico y ser concejal a la vez. La primera página del sumario administrativo era una nota periodística que relataba el incidente. “Me denigraron ante la sociedad, me destruyeron políticamente”, afirma Pedro cuando recuerda la condena pública que hicieron sus compañeros del Concejo Deliberante. Los dos testigos que consiguió la policía para revisarle el auto también intuían que había algo raro, pero a esa altura ni él ni su abogado creyeron conveniente seguir hasta el juicio oral por la alta exposición mediática que implicaría. Así que consiguieron una suspensión de juicio a prueba y terminó yendo cada tres meses al tribunal para certificar su domicilio. La causa no llegó a ningún lado, pero después del incidente nunca más volvió a Benito Juárez, ni a visitar a sus tíos.

“Es una cruz. Me costó mucho insertarme en la sociedad y me afectó económicamente”, repasa Pedro, que fue inhabilitado para desempeñar funciones durante cinco años en el hospital de Necochea, donde sus compañeros hasta juntaron firmas para que lo restituyeran. De todas formas, se instaló en esa ciudad balnearia y consiguió un trabajo en Lobería como médico en otro hospital. Su familia siempre creyó en su inocencia, pero él confiesa que tiene vergüenza: “Me siento observado”.

Todavía se pregunta cómo llegaron los sobres de cocaína a su auto. En un principio él y su abogado pensaron que tal vez era alguno de los ocupantes del auto. A todos los conocía, uno era telefonista del hospital y también lo echaron. Otro era amigo suyo, se fue a vivir a Claromecó después y no lo vio más. El cuarto ocupante era amigo del telefonista y al principio dudaron de él, pero más de la policía. “Me dijeron que hacen estos operativos para armar estadísticas o subir de categoría, no sé. También pensé que pudo ser una operación política”, comenta Pedro.

Lo cierto es que el estigma perduró. “Hace poco hubo un concurso para inscribirse en un cargo en la Municipalidad y era mi especialidad, médico de familia; me negaron la inscripción por la cesantía que tuve”, dice con bronca. Los mismos médicos, asegura, cuchichean al verlo y recuerdan que es “el falopero que le encontraron droga adentro del auto”. Hasta el padre de su actual pareja opuso resistencia cuando se conocieron y ella tuvo que irse de su casa para poder estar con él: “Por suerte ahora se dio cuenta de que no tuve nada que ver”.

UNAS PLANTITAS EN LA CASA
“Un pueblo chismoso”

“Yo les muestro todo, lo único que les pido es que no vayan con los medios”, le dijo Virginia Varela a uno de los uniformados. Eran las 9 la de la noche de un caluroso viernes de febrero y recién empezaba el allanamiento. Ella estaba por salir con su nena de dos años a comprar la cena, su marido había ido a presupuestar un trabajo y el oficial se quedó mirándola “como si fuera una inconsciente”, recuerda Virginia. “Yo no me preocuparía por eso”, le respondió el uniformado mientras sus compañeros incautaban las plantas de cannabis sativa.

Virginia llamó a su mamá para que pasara a buscar a la nena y procedió a mostrarles las plantas que tenía en la terraza, las que encubaba en un armario y algunos cogollos primerizos que puso a secar en el lavadero, a dos meses de la cosecha. También tenía semillas feminizadas, de origen español. Dice que los de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas estaban asombrados por el grado de refinamiento y hasta hurgaron en sus apuntes de cultivo, que ella guardaba prolijamente en una carpeta. “Sabíamos que eso en algún momento podía pasar así que nos lo tomamos tranquilamente, sin agachar la cabeza, pero sin levantar la voz”, comenta.

El allanamiento surgió a partir de una llamada anónima a las 14 de ese mismo día, el 12 de febrero pasado. Cinco horas después, la policía sacó fotos desde la casa de una vecina. No hubo ningún tipo de inteligencia previa para saber si ellos cultivaban para vender o sólo para consumir. Los uniformados les dieron vuelta la casa y se llevaron todo lo que pudiera servir de prueba, hasta el veneno para las hormigas. Ella les rogó que al menos le dejaran fumarse un porro porque todavía no había probado su cosecha. Hubo risas, pero le negaron el pedido.

Por la madrugada partieron a la fiscalía 5 de Trenque Lauquen y a la vuelta, antes de bajar del patrullero, a Virginia y a su marido Santiago Bauchet les taparon la cabeza con camperas. Virginia jura que de reojo vio que un policía le estaba sacando una foto. Al otro día, esa foto ilustró una nota del diario local titulada: “Desactivan invernáculo destinado a producir marihuana. Una pareja detenida”. “Tenía miedo de que a mi abuelo le dé un infarto, ésa fue mi mayor preocupación durante la semana que estuvimos presos”, dice Virginia. Afuera todo había cambiado.

Primero desaparecieron los amigos que solían frecuentar la casa de este joven matrimonio (él tiene 25, Valeria 29). “Los que venían tenían miedo de estacionar el auto enfrente de casa”, asegura ella. La familia de Santiago no lo podía creer. “Parece que esto nunca te hubiera pasado a vos”, le decían. “Hace siete años que fumo, ¿y te parece que no soy el mismo? Cuando fumo me agarra sueño y hambre y nada más”, tuvo que explicarle a su abuela. Después se le cayeron uno a uno los presupuestos de clientes a los que planeaba colocarles tabiques, cielorrasos, durlocks. Valeria conservó su puesto porque trabaja en la empresa de su abuelo, dedicada a la aeronáutica. Cuando va al supermercado la miran raro: “La gente no sabe si saludarme o no”, confiesa. Ambos coinciden en que lo peor no fue toparse con la Justicia, si no con la sociedad de Pehuajó, una ciudad de 30 mil habitantes que ella define “como un pueblo chismoso”. Claro que la causa también trajo sus complicaciones. Desde hace un tiempo ambos tienen la posibilidad de ir a trabajar a España, donde vive el padre de Virginia. La situación se complicó desde el allanamiento y ellos quieren irse, pero deben quedarse porque es parte del requisito para lograr la excarcelación.

La causa, que tiene la novedosa carátula de “cultivo para consumo personal”, sigue abierta y ellos llaman una vez por semana a la fiscalía en busca de novedades. “Nos dicen que todavía están analizando las plantas para saber si eran para tráfico”, repite Virginia. La respuesta le resulta paradójica a Santiago, que acota que la Justicia camina “a pasos de tortuga” y no se entiende cómo todavía se insinúa que el consumidor es parte de la cadena del narcotráfico, “si en este caso no hay cadena, esto empieza acá y termina acá”.

Ellos se había decidido a no comprar más marihuana en la calle por varias razones: “Primero porque no se consigue, segundo porque lo que se consigue es carísimo y casi siempre tiene olor a orina y además porque salir a comprar marihuana se convirtió en un deporte extremo”, asegura Virginia. Desde el día de la detención no pueden ausentarse 24 horas de su casa, tienen que comparecer una vez al día en la comisaría local y abstenerse de consumir cualquier tipo de estupefacientes. Nunca declararon en la causa por consejo de su abogado, que dice que “saben demasiado de marihuana”.

“Estamos apretados económicamente, mi marido no consigue dejar un currículum porque lo miran mal en todos lados”, advierte Virginia, que no ve la hora de poder emigrar a España y empezar de cero. “Si no fuera por la repercusión social no sería tan grave –concluye–, porque sé que esa causa judicial no va a llegar a ningún lado.”

Los abogados y sus casos

César Sivo tiene un estudio de abogados en Mar del Plata y conoce muchos casos menores en el tema drogas. Pero hay uno, dice, que suele dar de ejemplo cuando da clases de Práctica Procesal Penal en la universidad local. Es una historia de amor. Se trata de un hombre que la policía detuvo en el puerto, mientras fumaba. Era un pescador y en unos días iba a embarcarse por seis meses en un buque factoría. Además, tenía 50 gramos que había comprado para el largo viaje. Su mujer se hizo cargo para que el hombre no perdiera el viaje porque había estado preso por robo y no le iban a dar la excarcelación. El hombre pudo embarcar finalmente, y ella dejó a sus nenes con su familia y pasó 9 meses presa. “Como no tenía para pagarme –cuenta Sivo–, cuidó a mis chicos a cambio de los honorarios.”

“Yo también tengo una buena historia”, promete Albino José Stefanuolo, quien fuera el abogado de Andrés Calamaro luego de que el músico dijera en un concierto en La Plata aquella frase de la linda noche para fumarse un porrito. El hecho ocurrió en el ‘96, “el mismo año en que estaba defendiendo el caso del jarrón de Coppola”, comenta. Eran tres chicos que se habían ido de vacaciones a Villa Gesell y los vecinos los denunciaron, según decían la policía, “porque hacían barullo y se juntaban muchedumbres”. Era la época del “allanamiento fácil”, recuerda el abogado, y les cayó todo el peso de la ley en la casa que habían alquilado. Encontraron 150 gramos de marihuana y les enrostraron “tenencia para tráfico” con el agravante, según la actual ley, de que eran tres personas.

No consiguieron la excarcelación, “así que tratamos de que llegaran al juicio oral lo más rápido posible; esto fue en enero y estuvieron presos hasta noviembre”, recuerda Stefanuolo. La audiencia duró solo dos días y los jueces aplicaron la figura de tenencia simple y los liberaron. “Eran épocas difíciles. En Rosario, la cuna del rock, habían encarcelado a alguien que tenía 0,16 gramos de porro, o sea, lo metieron preso por algo que ni siquiera se ve.”

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/ Buenos Aires

LOS PROCESAN POR ESTAR CON ALGUIEN QUE LLEVABA MARIHUANA

mayo 16, 2008

Acusados de tener droga sin tenerla

Dos jóvenes detenidos cuando caminaban junto a una mujer que llevaba encima 239 gramos de marihuana fueron procesados por “tenencia de estupefacientes”, pese a que al momento del arresto ninguno de los dos tenía drogas entre sus pertenencias. El fallo, dictado por la Sala VII de la Cámara del Crimen, confirmó una resolución de la jueza de Menores Adriana Leiras.
De acuerdo con el expediente, el 4 de agosto de 2004, a las 21.50, tres jóvenes –uno de ellos menor de edad– fueron “detenidos por personal policial con fines de identificación” y en esas circunstancias se le secuestró a la mujer del grupo “una bolsa blanca de polietileno que contenía 30 envoltorios, con picadura de marihuana”. La sustancia pesaba 239,1 gramos.

El fallo argumenta que la detención se produjo cuando los jóvenes, al ver a los policías, “comenzaron a apurar el paso e intentaron separarse”. La defensa de los dos varones, quienes no llevaban droga entre sus ropas y pertenencias, objetó el procesamiento porque, precisamente, no habrían cometido el delito de “tenencia” de estupefacientes.

Pero los jueces Juan Cicciaro, Abel Bonorino Peró y Rodolfo Pociello Argerich entendieron que “la circunstancia de haber sido detenidos los imputados cuando, al advertir la presencia policial, intentaran alejarse del lugar por caminos separados, no obstante haber estado conversando entre ellos momentos antes, permite homologar la decisión”.

“Con el provisorio grado de conocimiento exigido en la especie puede afirmarse la existencia del hecho y su responsabilidad penal”, sentenciaron. El fallo también determinó que la droga no podía ser considerada “para consumo personal”.

“Cuando no existen elementos probatorios que indiquen que el estupefaciente poseído está destinado a una actividad de consumo estrictamente individual que no involucra a terceras personas, no puede sostenerse que no exista posibilidad de afectación para la salud pública”, concluyeron los jueces, invirtiendo la carga de la prueba.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/ – Buenos Aires